| En la lucha contra del totalitarismo instaurado en Cuba se han aplicado muchos métodos, desde la rebeldía abierta y beligerante y la resistencia pasiva hasta la desobediencia civil. De todas estas formas la que ofrece mayores posibilidades es la desobediencia civil.
La desobediencia civil es la no violencia frente a la violencia; es el rechazo a los dictados ilegítimos del poder y es una escuela de educación cívica y de maduración política. Es decir no cuando se impone decir no. La desobediencia civil es el rechazo conciente y activo a los actos jurídicos injustos e ilegítimos del poder político.
Cuando el periodismo independiente de Cuba continuó su labor informativa burlándose de la arbitraria ley 88 que prescribía penas de 20 años de prisión, se estaba ejerciendo la desobediencia civil. Una ley injusta no es ley, no hay que respetarla y menos aun cuando es dictada por un gobierno ilegítimo y dictatorial.
La legalidad emanante de un poder no legitimado por la voluntad libremente expresada de los ciudadanos no es legalidad. Este es el principio básico de la desobediencia civil.
Pero la desobediencia civil requiere de voluntad, de convencimiento, de saber qué o qué no se quiere. Para que la desobediencia civil alcance los objetivos que con ella se pretenden se requiere la acción concertada de muchas voluntades. Los activistas de la desobediencia civil tienen que saber movilizar grupos, saber influir en el ánimo de una mayoría necesaria para hacer de la desobediencia un acto generalizado y obligar a los gobernantes a solicitar el diálogo y a ceder poder. Este objetivo fue alcanzado por Ghandi en la India y por Martin Luther King, Jr. en Estados Unidos de América.
Pretendiendo alcanzar apoyo movilizativo para la desobediencia civil, muchos se han puesto a forjar ideas, a tratar de encontrar fórmulas mágicas, el ábrete sésamo de la movilización de multitudes. Los resultado no han sido los esperados; el pueblo parece remiso y sordo ante esos llamados.
Sin embargo, aunque la población cubana muestra mayoritaria y claramente su indolencia, se han dado mucha publicidad a los varios proyectos, programas y plataformas que se han elaborado por algún que otro idealista pueril. Cada vez que aparece un proyecto con la pretensión de que se demolerá el totalitarismo con su puesta en práctica por la ciudadanía la claque aplaude efusivamente y se exige desde el exterior que se le brinde el más apasionado apoyo porque se elaboró en la Isla por cubanos viviendo en ella.
Y surgen proyectos y programas idílicos que imaginan “círculos de estudios” calle por calle, pueblo por pueblo, de gentes interesadas en tales programas y dispuestas a enfrentar las consecuencias de entregarse al estudio de propuestas de reformas y transformaciones políticas y económicas.
Quizá un europeo pueda imaginarse a esas multitudes reunidas para aportar propuestas y exigir reformas, porque eso no es inusitado en Europa. Quien conozca a Cuba por dentro sabe que esa es una idea carente de realismo. Un CDR tiene más capacidad de movilizar que uno de esos idílicos programas. Algunos años atrás, el gobierno de Castro decidió proclamar una llamada Declaración de los Mambises del Siglo XX que sería suscrita por la población. Los CDR convocaron y desde apáticos y desafectos firmaron todos el papelucho, salvo aquellos colocados abiertamente en las filas de la oposición y la disidencia.
Castro quiso hacer un gran circo político con el caso del niño Elián González y los sindicatos comunistas, los CDR convocaron y apáticos, indiferentes y desafectos desfilaron por miles agitando banderitas, gritando consignas progubernamentales. En abril de este año que ahora concluye, la policía castrista detuvo con alardes de fuerza a 75 opositores, disidentes y periodistas independientes ante la mirada curiosa de la población: nadie tuvo el valor de condenar el atropello del que eran testigos.
El gobierno tiene sus medios de movilización; tiene sus formas de intimidación sutil y directa y tiene un poderoso aparato propagandístico que incluye a toda la prensa escrita, la radio y la televisión, tiene a sus agitadores profesionales y a sus “dirigentes” sindicales y cederistas. Con ese propósito no importa cuanto haya que gastar ni cuantos centros laborales haya que interrumpir.
Captar voluntades y apoyo para un programa político cuesta mucho dinero, requiere de un aparato propagandístico bien equipado. Donde la prensa libre es delito, donde la crítica es un peligro para la persona, propagar programas, plataformas y proyectos es casi un intento estéril. Los gobiernos totalitarios caen o bien por la derrota militar, como ocurrió con el fascismo, o bien por la insurrección con fuerte apoyo desde el exterior, como ocurrió en Nicaragua, o bien por un momento neurálgico que provocó un explosión social como en Rumanía, Alemania Oriental, Hungría y Checoslovaquia.
Los pueblos se mueven por intereses. Este es el secreto del triunfo de los políticos populistas como es el caso de Hugo Chávez en Venezuela. Los demagogos que saben decirle a las multitudes lo que ellas quieren que les digan y les prometan. En Polonia, el movimiento anticomunista triunfó porque se dirigió a favor de los intereses de los obreros y con el apoyo real del exterior y de la Iglesia.
En Cuba se elaboran proyectos, programas y plataformas queriendo, dicho en cubano vernáculo, inventar el agua tibia. Ya hay quienes proponen, partiendo de la Constitución espuria de la dictadura elaborar una nueva Constitución y un nuevo Código Penal. Es el reflejo inconsciente de la propaganda comunista que retrata a la República solo con tintes grises y anatematizado a la Constitución de 1940.
No hacen falta nuevos proyectos republicanos. De lo que se trata es de restaurar la República; de restaurar la Constitución de 1940, el Código de Defensa Social (Código Penal), el Código Civil, el Código del Comercio y todos los instrumentos jurídicos vigentes antes del 10 de marzo de 1952.
En un programa para la transición hacia la restauración de la República solo es válido proponer fórmulas para reorganizar el Poder Judicial, adiestrando a los abogados no corrompidos por la dictadura para que puedan ejercer como jueces y magistrados. Se requiere pensar como darle a la policía y a las fuerzas armadas el entrenamiento adecuado para que actúen en concordancia con un sistema democrático. El programa para la transición debe contemplar los medios para la formación de los partidos políticos y fijar la fecha para elecciones libres de acuerdo con la Ley Electoral de 1948.
La Constitución de 1940 en su Artículo 40 reconoció el derecho de “resistencia adecuada” para la protección de los derechos individuales. Ese postulado constitucional de la República debe ser la legitimación de la resistencia civil y no los supuestos “resquicios” legales de una Constitución que no puede ser reconocida ni acatada bajo los postulados de una verdadera desobediencia civil. |